El doctor Eddy Olivares, miembro titular de la Junta Central Electoral (JCE), propuso a esa institución que las nóminas del Estado y de los subsidios de los programas sociales del Gobierno sean mantenidas sin aumento (“congeladas”) hasta pasadas las elecciones, para promover la equidad entre los competidores en el presente proceso.
Esta iniciativa se podría llevar a cabo mediante medidas cautelares de parte de la JCE, explicó Olivares en una carta dirigida al presidente de esta institución, Dr. Roberto Rosario Márquez.
“Disponer la congelación de las nóminas de beneficiarios de los programas Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) y Progresando con Solidaridad (PROSOLI), con efectividad desde el día 15 de marzo hasta el 16 de mayo del 2016, extensivo, en caso de producirse una segunda elección, hasta el día 27 de junio del 2016, como forma de impedir la incorporación a las mismas de nuevos beneficiarios durante esa etapa del período electoral”, indica la propuesta de Olivares.
También propone disponer la congelación de las nóminas correspondiente al personal transitorio, así como otras nominas adicionales que puedan existir en las instituciones públicas, a fin de evitar que las mismas sean utilizados para favorecer a partidos y candidatos políticos en la presente campaña electoral.
Esta propuesta, de igual manera, se impondría con efectividad desde el 15 de marzo hasta el 16 de mayo del 2016, extensivo, en caso de producirse una segunda elección, hasta el día 27 de junio del 2016.
El doctor Eddy Olivares recordó que con motivo de la no aprobación de su Proyecto de Reglamento de la Campaña Electoral, el pasado día 16 de febrero, el Pleno de la JCE decidió que lo más pertinente, en lugar de dictar un reglamento, era la adopción de medidas cautelares en lo que resta de la campaña, en los casos que correspondan.
Indicó que ese criterio se hizo efectivo al día siguiente, cuando el magistrado presidente, Dr. Roberto Rosario Márquez, sometió una propuesta de medida cautelar, la cual fue aprobada a unanimidad por el Pleno, mediante la que se dispuso la suspensión del funcionamiento del Fondo de Gestión Social (barrilito y cofrecito) del Poder Legislativo o cualquier tipo de compensación recibida por los congresistas.
“Además, mediante otra medida cautelar, se dispuso la prohibición de la utilización de las plataformas de redes sociales de las instituciones públicas para promover candidatos o partidos políticos”, precisó.
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