El Consejo Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, en nombre de todos los obispos, solicitó ayer al Congreso Nacional la ratificación del Código Penal tal cual fue aprobado por ambas Cámaras.
Entre otras razones para hacer el pedido destacaron que la Constitución dice clara y rotundamente que “el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso, la pena de muerte”, según lo establecido en el artículo 37 de la Constitución.
En ese sentido, manifestó que la “legalización del aborto” es dictar “pena de muerte”, a una persona, por demás indefensa, aunque ésta provenga de una violación de la que ella no es nada responsable, o bien pudiera tener alguna malformación.
“Alabamos y hacemos nuestra la preocupación por la vida de la madre, pero seríamos excluyentes y discriminatorios si sólo defendemos los derechos de la madre y condenamos a muerte al hijo que está en su vientre, que también merece del Estado, de sus progenitores y de toda la sociedad el derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral, tal y como establece el artículo 38 de nuestra Constitución”.
Con esa posición, la Iglesia católica en pleno enfrenta las observaciones que hizo el presidente Danilo Medina al Código Penal Dominicano, cuyo veto recae exclusivamente sobre los artículos que van del 107 al 108 que conforman en su conjunto la Sección III del Capítulo I, Título II de la ley, relativos a la tipificación penal de la interrupción del embarazo.
“La redacción del artículo 107 de la ley no satisface las exigencias que se derivan del Principio de la Legalidad, uno de los elementos de la cláusula constitucional del Estado de Derecho”, establece Medina en la carta enviada al Congreso.
El Caribe