Desde el 2015 hasta la fecha, nueve funcionarios han sido destituidos de sus funciones por casos de corrupción y crímenes.
En los últimos dos años, el Poder Ejecutivo se ha visto forzado a emitir decretos de designaciones en instituciones importantes, porque sus anteriores titulares han tenido que dirimir asuntos delicados en la justicia o salir a defenderse de acusaciones vinculadas a la transparencia administrativa.
Entre los funcionarios desmontados del tren gubernamental figuran los directores de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), Diandino Peña; Manuel Rivas y Arsenio Quevedo, director y subdirector, respectivamente, de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa).
Otros titulares obligados abandonar sus despachos son Miguel Pimentel Kareh, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras de Estado (OISOE); y José Joaquín Domínguez Peña, del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).
Además, fueron apartados de sus funciones los directores del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Alberto Holguín; el de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar; y el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás.
Las sustituciones llegaron a la Dirección General de Pasaporte, con la cancelación de Marlin Martínez, subdirectora de la entidad, quien guarda prisión en el Centro Correccional Rafey-Mujeres, en Santiago.
La exfuncionaria está imputada por la muerte de la menor embarazada Emely Peguero, quien era novia de su hijo Marlon Martínez, que guarda prisión por el hecho ocurrido en agosto del presente año.
La más reciente destitución fue la de Manuel Rivas, quien se desempeñaba como director de la Omsa desde 2012 hasta el pasado lunes.
El titular de la entidad de transporte público ahora se encuentra privado de su libertad en la espera de que se le dicte medida de coerción, a raíz de la muerte del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, encontrado con un tiro en la cabeza en el río de Manoguayabo. “Yo no mandé a hacer eso, ni de pensamiento ni de acción”, expresó Rivas, en las afueras de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
La fiscal de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, señala a José Antonio Mercado Blanco y Argenis Contreras González, fiscalizador y asesor de la Omsa, respectivamente, de dar muerte al también presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (Cona).
De acuerdo con el Ministerio Público, Ramírez extorsionaba a directivos de la OMSA, alegando conocer sobre presuntos casos de corrupción en la sobreevaluación de reparaciones de autobuses y la designación a particulares de estas unidades.
Por el caso, el procurador general de la República, Jean Rodríguez, solicitó al presidente a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana “que a la mayor brevedad posible ese organismo realice una auditoría a la gestión completa del ingeniero Manuel Antonio Rivas”.
El Caribe