EL NUEVO DIARIO, CARACAS (AP) — La oposición venezolana rompió finalmente su silencio el domingo al rechazar sutilmente las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre una “opción militar” en Venezuela y enfiló su desprecio a la “intervención” de Cuba en el país sudamericano.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una coalición de casi tres decenas de partidos opositores, rechazó en un comunicado “el uso de la fuerza, o la amenaza de aplicar la misma, por parte de cualquier país en Venezuela”.
En el escrito, donde por primera vez la alianza opositora y sus líderes se refirieron a las declaraciones de Trump, la MUD no mencionó directamente al mandatario estadounidense. Trump expresó el viernes que no descartaría una posible acción militar en Venezuela, en momentos que el presidente Nicolás Maduro _apuntalado por una Asamblea Constituyente, integrada por sus partidarios a cargo de cambiar la carta magna_ se consolida en el poder.
La comunidad internacional, incluidos varios países de la región, temen que con una nueva constitución el gobierno socialista de Maduro transforme el sistema político y económico venezolano para convertirlo en un sistema autoritario.
Empero, la alianza opositora concentró en el comunicado sus críticas sobre “la presencia e injerencia” de Cuba en “los asuntos internos” de Venezuela, que habría sido permitida desde 1999, primero por el ahora fallecido presidente Hugo Chávez y ahora por su heredero político, Maduro.
“No puede haber doble moral. No se puede condenar una amenaza”, mientras “se desangra el país con políticas entreguistas”, agregó el comunicado.
“Venezuela tiene años intervenida militar y políticamente por Cuba, no solo afectando nuestra soberanía e independencia, sino también constituyendo una de las principales causas de la violencia y la represión por parte del gobierno”, agregó.
Anteriormente, los adversarios de Maduro han considerado como un amuestra de apoyo de Washington las sanciones impuestas a más de 30 funcionarios venezolanos, entre ellos Maduro. Muchas de esas sanciones estuvieron relacionadas con acusaciones de violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que han dejado al menos 122 muertos y casi 2.000 heridos desde abril.