Sectores políticos y de la sociedad civil rechazaron y consideraron prejuiciada la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de incluir a la República Dominicana en la lista de países que alegadamente violan de los derechos humanos, por la discriminación de personas de ascendencia haitiana.
El embajador de Haití en República Dominicana, Idalbert Pierre – Jean declaró que el Gobierno de la vecina nación “de momento” no está en una situación de denunciar problemas sobre el trato general a los inmigrantes.
“Siempre hay y habrá algunas cosas digamos individuales en un policía, en un militar o en una persona respecto a un inmigrante o lo que sea. Pero en general, en general, no hay problemas ahora mismo del gobierno haitiano o de esas personas”, manifestó el diplomático, durante declaraciones a la prensa en la sede de la embajada de Haití en el país.
Apuntó que se pudiera tratar de “excesos” de un policía que no necesariamente responde a una política de una autoridad nacional.
El presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, manifestó que “la actitud de la CIDH hacia el país en torno a los derechos humanos, ya raya en lo irracional y patológico. Son unos bárbaros y abusadores”.
El embajador de la República Dominicana en Estados Unidos, José Tomás Pérez, resaltó que más de 240 mil nacionales haitianos fueron beneficiados con la legalización inmediata de su estatus migratorio en la RD y a cerca de 55 mil les fue otorgada la ciudadanía dominicana luego de un proceso de evaluación “justo y transparente”.
Pérez pidió formalmente que la CIDH retire sus acusaciones en contra de el país y reconozca el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano en el establecimiento de un sistema migratorio que ha servido de ejemplo en América Latina y en el mundo.
El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, opinó que el país ha sido solidario, pero el gobierno ha sido irresponsable por no asumir los controles migratorios y “dejar la frontera libre”.
El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, afirmó que esa decisión fue desconsiderada, también resultado de las posiciones “débiles, evasivas e irresponsables que han tenido los gobiernos dominicanos, en especial, el de Danilo Medina”.
El abogado Félix Damián Olivares descartó que en el país se violen los derechos humanos, y aseguró que los haitianos han sido tratados con “absoluta equidad”, ya que tienen acceso a los derechos laborales, están organizados y tienen servicios de salud.
“Creo que es una querella inmerecida”, expresó.